La reformada Ley Minera en México busca que el aprovechamiento del litio sea exclusivo del Estado. Estas son las modificaciones aprobadas.
Sin cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó reformar la Ley Minera con el propósito de reservar al Estado la exploración y explotación del litio.
Los senadores de Morena y sus aliados avalaron las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones.
Las modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de dicha norma buscan que el aprovechamiento del litio sea exclusivo del Estado.
Asimismo, se prevé la creación de organismo público descentralizado que administrará las cadenas de valor económico del litio. Esta entidad contará con el respaldo del Servicio Geológico Mexicano para:
1) Ubicar y reconocer áreas geológicas.
2) Garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
Reformas aprobadas sobre el litio
En la iniciativa se reformó el artículo 5, declarándose de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia.
También se considerarán zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio. Y se reconocerá que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México.
De igual forma, se estableció que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través de un organismo público.
En cuanto a las modificaciones al artículo 10, el litio y demás minerales declarados como estratégicos por el Estado solo podrán ser explotados por:
- Personas físicas de nacionalidad mexicana
- Ejidos y comunidades agrarias
- Pueblos y comunidades indígenas reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas
- Sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría
En cuanto a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, estas quedan exclusivamente a cargo del Estado. Estas acciones serán ejecutadas por un organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables.
Este organismo se encargará también de la legislación y Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente.
Asimismo, preservará los derechos de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.
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Con información de El Economista, La Jornada y El Universal
