Dashia Rocío fue presuntamente abusada por su propio padre que negó darle manutención por años hasta que se interpuso un juicio.
El caso de Dashia Rocío, de 19 años, se convirtió en uno de los debates más polarizados del cierre de 2025: una joven que denunció a su propio padre por abuso sexual terminó vinculada a proceso por el delito de extorsión, acusada de haber exigido dinero a un comerciante haciéndose pasar por integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La narrativa pública, empujada por videos, capturas de pantalla y mensajes institucionales, osciló entre dos versiones irreconciliables: la de la familia que sostiene que el delito fue fabricado como represalia tras la denuncia de abuso, y la de las autoridades que aseguran que la extorsión sí ocurrió y dejó rastro financiero directo en una cuenta bancaria a nombre de la imputada.
El expediente judicial, las declaraciones del padre, el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres y el cambio de medida cautelar concedido por el Poder Judicial mexiquense dibujan un caso que trasciende lo penal y se instala en la discusión nacional sobre justicia mediática, prueba judicial, violencia intrafamiliar y los riesgos del linchamiento digital.
Aunque la joven fue vinculada inicialmente por extorsión, el 21 de diciembre obtuvo el cambio de medida cautelar para enfrentar el proceso en libertad, decisión celebrada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien calificó el caso como una injusticia que fue corregida “apegada a derecho”.
¿Qué se sabe sobre el caso de Dashia?
El incidente que originó la investigación penal contra Dashia se remonta a finales de septiembre de 2024, cuando, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la joven llegó a un negocio en la colonia San Rafael acompañada de dos hombres y se presentó como integrante del CJNG para exigir una cuota mensual al comerciante, a fin de “dejarlo trabajar” sin represalias.
La víctima, bajo temor por su integridad física, cedió y depositó dinero a una cuenta bancaria registrada a nombre de la imputada, lo que para las autoridades fue un elemento suficiente para solicitar prisión preventiva cautelar durante el cierre de la investigación.
Dicha FGJEM formalizó la vinculación a proceso el 4 de diciembre de 2025, bajo el delito de extorsión, aplicando una medida de prisión cautelar preventiva por tres meses para el cierre de la investigación, junto con los dos hombres que la acompañaban, considerados probables coimputados.
La Fiscalía afirmó que el depósito bancario a nombre de la joven no es un elemento circunstancial, sino el rastro financiero que conecta directamente la operación de cobro.
Sin embargo, la familia de Dashia sostiene una versión opuesta: aseguran que el delito se activó como represalia luego de que ella acusó públicamente a su padre biológico por abuso sexual, denuncia que presentó tras ser reconocida como hija ante el Registro Civil después de 19 años.
El testimonio familiar señala que ella vivió bajo su cuidado y el abuso ocurrió mientras estaba bajo su tutela, lo que detonó un quiebre intrafamiliar que pronto se viralizó.
En este sentido, el padre de Dashia, Ramsés Rodríguez, declaró en entrevista que él no solo fue acusado, sino que también se convirtió en víctima de un intento de extorsión orquestado por la abuela y la joven, y aseguró que ya presentó una denuncia formal ante la FGJ mexiquense por el delito de extorsión, afirmando que cuenta con pruebas para demostrar que la familia “orquestaba una extorsión en su contra”.
“Tengo miedo, francamente por mi familia; a mi esposa la quieren involucrar, nos quieren fabricar delitos”, sostuvo.
Autoridades acusan injusticia en caso de Dashia
Tras la viralización, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, intervino públicamente para apoyar la defensa de la joven, señalando que la vinculación original se habría dado “sin pruebas ni debido proceso”, lo que amplificó el caso en redes como un expediente de posible persecución por violencia política de género, aunque no existe, hasta ahora, una imputación de carácter electoral, sino penal por extorsión.
El punto de quiebre mediático llegó el 21 de diciembre, cuando, en audiencia judicial, se concedió el cambio de medida cautelar, lo que permitió que Dashia fuera puesta en libertad para enfrentar el proceso en libertad, decisión celebrada por la secretaria con un mensaje en X:
“Afortunadamente se corrigió una injusticia y se modificó el cambio de medida cautelar; por lo tanto, Dasha podrá defender su inocencia en libertad”, publicó, además de garantizar que la Secretaría continuará brindando apoyo legal y acompañamiento.
La lectura del caso desde el gobierno federal, en voz de la secretaria Citlalli Hernández, es contundente: la joven fue procesada inicialmente sin pruebas suficientes y sin debido proceso, lo que, desde su postura institucional, representó un caso de injusticia que ya fue corregido conforme a derecho, sin violentar la ley.
Dicha secretaria sostuvo que el acompañamiento legal a la familia de Dashia continuará en los mismos términos que otros casos donde se presumen abusos procesales o intimidación a víctimas de violencia intrafamiliar.
Por su parte, la Fiscalía mexiquense no ha declarado que la vinculación fuera injusta, sino que la medida cautelar cambió por resolución judicial, no por desistimiento de la acusación.
Aunque la joven ya no está en prisión, la investigación continúa abierta y la FGR no ha informado que el expediente carezca de elementos, sino que el análisis del amparo y del fondo del asunto se dará conforme avance el proceso penal.
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